Los dueños de negocios en Maryland pueden beneficiarse de las estrategias de planificación de sucesión, tanto a nivel personal como comercial. Esto puede incluir el uso de un acuerdo de compraventa, que puede ser una herramienta importante para un propietario de un interés en una pequeña empresa familiar estrechamente celebrada. El negocio puede organizarse como una sociedad, una LLC o una pequeña corporación. El acuerdo de compraventa puede estipular procedimientos de sucesión de negocios, restricciones a la transferencia de acciones o acciones comerciales, y la compra de la participación de un propietario o socio que se retire. Específicamente, puede aplicarse cuando un accionista, miembro o socio se jubila, muere, queda incapacitado, permanentemente incapacitado o por otras salidas inesperadas. Este artículo se centra en gran medida en el acuerdo de compraventa en el contexto de planificación patrimonial para facilitar las metas del individuo para la dirección del negocio y para la compensación de sus beneficiarios después del fallecimiento.
Los importantes beneficios del acuerdo de compraventa:
El acuerdo de compraventa ofrece varios beneficios importantes, que pueden incluir:
- Evitar que los socios, miembros o accionistas que retiran vendan su parte a un tercero sin antes ofrecerla a la corporación o a los propietarios o socios restantes;
- Proporcionar fondos y establecer los términos y condiciones para la compra o venta de una participación del propietario discapacitado, fallecido, incapacitado, retirado o retirado del negocio;
- Proporcionar una fórmula que pueda ser ventajosa desde el punto de vista tributario para las partes al llegar al valor razonable y al precio de la acción que se transfiere;
- Otorgar garantías contractuales obligatorias a cada propietario o parte interesada de que nada afectará precipitadamente la participación de uno en el negocio, excepto mediante el estricto cumplimiento de los términos claramente establecidos en el acuerdo.
| El acuerdo de compraventa y planificación patrimonial:
Para fines de planificación patrimonial, el acuerdo de compra-venta ayuda a minimizar el estrés y la incertidumbre para los beneficiarios. Esto puede ocurrir cuando no hay un plan y / o fondos insuficientes para pasar el interés comercial del fallecido a los beneficiarios. Por ejemplo, uno de los cofundadores de una empresa familiar puede desear que el negocio se mantenga dentro de la familia y no se venda a terceros cuando muera. También quiere que los otros propietarios compren su parte para que sus beneficiarios puedan heredar el valor total de su parte. El acuerdo de compraventa suele otorgar a los dueños de negocios que sobreviven el “derecho de tanteo” a comprar la parte del fallecido. Esto mantiene el negocio en el círculo familiar estrechamente mantenido y tiende a asegurar que los valores y tradiciones que hicieron que el negocio sea un éxito perdurarán.
El seguro de vida facilita la compra de la parte del difunto: Los activos líquidos o en efectivo que fluyen libremente no siempre están disponibles para comprar un interés valioso en un negocio exitoso de larga data. De hecho, el acuerdo estipulará que la participación del difunto se ofrece en el mercado si la corporación o los accionistas o socios supervivientes no pueden completar la transacción. Pero la planificación previa a través del acuerdo de compraventa elimina esa incertidumbre y establece un mecanismo automático para financiar la compra del interés de propiedad del difunto. Esto se logra a través del seguro de vida, que se puede comprar como un grupo de pólizas que cubre a cada uno de los propietarios o socios para las diversas contingencias, incluida la muerte. El precio de compra de la parte del fallecido se calcula mediante la fórmula contenida en el acuerdo, que se diseñó para proporcionar el máximo ahorro de impuestos a las partes. La cobertura del seguro está precalculada para pagar el valor de la parte del difunto y los gastos relacionados con la transferencia. La revisión periódica de la fórmula y el financiamiento del seguro es necesaria para evitar financiación insuficiente. Uso de un testamento o fideicomiso en vida para distribuir los ingresos del negocio y otros activos: La última voluntad y el testamento del propietario de la empresa suelen ser la pieza central del plan de sucesión. Proporciona la disposición de la parte del propietario con referencia al acuerdo de compra y venta. Alternativamente, las circunstancias y preferencias personales ocasionalmente pueden requerir el uso de un instrumento de fideicomiso activo como el mecanismo central para la distribución de activos. En ese caso, el acuerdo se coordinará con el fideicomiso para una transferencia transparente de los ingresos a los beneficiarios. Con el fideicomiso, la sucesión puede evitarse, y cualquier activo mínimo encontrado en la sucesión testamentaria puede ser eliminado mediante un “derrame” que obsequiará los activos perdidos al fideicomiso para su disposición final. El fideicomiso también puede establecer la administración de los activos por parte del fiduciario si el propietario queda discapacitado o incapacitado. También se recomienda un poder separado para cubrir todas las bases en caso de incapacidad. Además, evitar la legalización suele facilitar una distribución más rápida de los ingresos de la compra comercial y los demás activos; los gastos administrativos también pueden reducirse significativamente. No obstante, la decisión de planificación de patrimonio para usar un fideicomiso activo o un testamento es un problema relativamente complejo en Maryland y en otros lugares. Requiere orientación y análisis profesional. La planificación patrimonial, la administración de fideicomisos y las transferencias de intereses comerciales a través de un acuerdo de compraventa no se realizan de manera segura a través de plantillas de Internet. Intentar la auto-maniobra de una red financiera y legal tan intrincada puede causar errores y gastos extraordinarios. El proceso se puede lograr mejor con la aportación combinada del abogado de planificación patrimonial, un planificador financiero calificado y un agente de seguro de vida. La información de este artículo se ofrece solo con fines educativos y no constituye asesoramiento jurídico. Para obtener ayuda específica, consulte con un abogado autorizado en su jurisdicción. |
Para obtener orientación en la elaboración de su contrato de compraventa o cualquier otro documento de planificación patrimonial, comuníquese con la abogada de Maryland Elsa W. Smith en las Oficinas Legales de Elsa W. Smith, LLC. Tenemos dos oficinas para servirle: Annapolis (410) 995-7719 y Laurel (301) 358-4340. También puede contactarnos a través de este sitio web.
Making contracts is not something to do without professional assistance. The investment of time and money in correcting a mistake can go far beyond the cost of having a valid agreement prepared by an experienced business law attorney. In business as in one’s personal transactions, it is always best to seek the full protection of the law.
Generally, the requirements for a valid contract are an offer, an acceptance, and consideration. An offeror makes an offer and presents it to the offeree who may accept it, reject it, or make a counteroffer. When an offer or counteroffer is accepted, the contract is made. The outward manifestations and expressions of the parties are looked at to determine the existence of an offer and acceptance. This includes deciding whether there was mutual assent by the parties, i.e., that they essentially agreed to the same thing.
These simple rules are not so simple in real life, and a myriad of disputes can and do arise over the meaning of the foregoing concepts. In Maryland, mutual assent is decided under an objective test. This means that the objective manifestation of one’s words and acts are viewed to determine one’s intent. Thus, if you wanted to say that you would not accept a product that is colored blue, but all of the statements and evidence indicates otherwise, your secret wish will carry no weight.
Every contract also requires consideration, which involves a right, profit, price, or other benefit going to one party, and a forbearance, detriment, loss or responsibility undertaken by the other. Consideration establishes a mutuality of obligation. Such mutuality would not exist if one of the parties, by the terms of the agreement, can decide on its own whether or not to perform the stated promise. This would be an “illusory” promise that contains no consideration.
The Statute of Frauds dictates that certain contracts must be in writing. For example, a contract for the sale or disposition of any interest in real estate must be in writing and signed by the party to be charged or the party’s agent. In addition, the Statute of Frauds requires that the writing identify with sufficient definiteness the subject property and that it sets forth all the terms and conditions of the promises made. Several other statutory provisions deal with the requirement that other types of contracts be in writing.
However, there are exceptions to the writing requirement. One exception, for example, is where there is part performance. Thus, a party cannot escape his or her part of an oral agreement after permitting the other party to partially perform the agreed promise in reliance on the other’s inducements. You cannot stand by as the painter completes 90 percent of the paint job on your home’s interior, and then tell her that you will not pay. The fact that there is no written contract is an ineffective defense in that situation.
Furthermore, where someone is unjustly enriched at another’s expense, he or she may be required to make restitution to the other to prevent an injustice. The unjust enrichment doctrine requires proof that the plaintiff conferred a benefit on the defendant, which the defendant knows or appreciates, and that it would be fundamentally unfair to allow the defendant to keep the benefit without compensating the plaintiff.
A lawsuit for breach of contract must be filed within the time limit of the statute of limitations. For example, a contract for the sale of goods must be commenced within four years in Maryland under the Uniform Commercial Code. If the UCC is not applicable, however, such a contract is governed by the three-year statute of limitations under the Md. Courts and Judicial Proceedings Code, Section 5-101. Generally, the time period begins to run on the date when the breach occurred. However, Maryland recognizes equitable principles and doctrines, such as the discovery rule. The discovery rule says that the time limit does not begin to run until a party knew, or reasonably should have known, of the wrong committed.
Information in this article is provided for educational purposes only and not intended to constitute legal advice. Please consult with a licensed attorney in your jurisdiction for help with your specific situation.
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